COMPONENTE ECONOMICO DEL PLAN COLOMBIA

La primera afirmación que hay que hacer sobre el Plan Colombia es que el Plan Colombia es una intromisión de los Estados Unidos en Colombia, quizá la mayor intromisión en los últimos años, y es una violación a la soberanía y a la autodeterminación de nuestra nación, con la excusa de la lucha contra las drogas.

Aunque la esencia del Plan Colombia es militar y su razón más publicitada es la erradicación de cultivos, es importante mencionar que este proyecto fue presentado al Congreso de Estados Unidos como una “Estrategia de Desarrollo” que buscaba varios objetivos económicos y comerciales:

1. Incrementar la inversión extranjera como “elemento esencial en la generación de empleo”, según el propio documento del Plan Colombia. 2. expandir el comercio para lograr “una posición estable y próspera”. 3. Definir una política agropecuaria dedicada a especializar al país en la producción de cultivos tropicales. En efecto, el mismo Plan Colombia, tras aceptar que la apertura económica tuvo impactos negativos en la producción de cereales y oleaginosas que resultó en la pérdida de 700.000 has de agricultura comercial y “un golpe dramático al empleo en las áreas rurales que a la vez son la escena principal del conflicto armado”, propone como salvación para el campo colombiano la ampliación de cultivos tropicales, consolidando un programa de gobierno dirigido a promover proyectos agrícolas extensivos en tierra y capital, abandonando la soberanía y la seguridad alimentaria de los colombianos. Y 4. El Plan Colombia está en absoluta concordancia con el acuerdo Stand By del FMI de 2001, suscrito por el entonces ministro de hacienda Juan Manuel Santos, que contiene toda la agenda neoliberal: política de privatización, ajuste fiscal, recorte a las transferencias, recorte gastos salud y educación, concesión de los recursos naturales, con el propósito de liberar del presupuesto colombiano los dineros necesarios para “solucionar el conflicto interno, frenar la producción y el tráfico de drogas ilegales, y enfrentar las consecuencias sociales de estos problemas”, según lo define el mismo acuerdo.
Y para completar el panorama, el Plan Colombia tiene una relación directa con los objetivos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Precisamente en noviembre de 2003 cuando el entonces Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick notificó a su Congreso la intención de iniciar la negociación de un TLC con los países andinos, dijo que ese TLC “serviría como un complemento natural al Plan Colombia, que el Congreso ha apoyado significativamente durante los años”.
De hecho, en el Plan Colombia II, denominado oficialmente como Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo se refiere categóricamente al aspecto comercial: el tercer componente sobre Apertura de Mercados, cuyo objetivo central, en concordancia con la política agrícola en el TLC, es garantizar la inversión en aquellos proyectos agro exportadores que viene promoviendo el gobierno como los biocombustibles, que se hacen para beneficiar a señalados empresarios y sobre la base de los millonarios subsidios que salen de todos los colombianos: del Estado, los trabajadores, los agricultores y los consumidores, para ir a parar a los bolsillos de un oligopolio financiero–industrial.
En este sentido, los objetivos del TLC que se complementan con el Plan Colombia son:
El TLC es en lo fundamental un tratado de protección a las inversiones, mediante el cual el Estado colombiano le dará estabilidad jurídica y amplias garantías al capital extranjero. Álvaro Uribe ha sido un paladín de los inversionistas estadounidenses. Las entregas en concesión del carbón, el petróleo y el gas colombiano son solo algunas pruebas de ello. El gobierno muestra como un gran logro que en el 2007 la inversión extranjera sumó 7.870 millones de dólares, el cual se dirigió fundamentalmente a comprar empresas privadas y aquellas nacionales que el gobierno entregó a menosprecio, pero que además no genera empleo. Por el contrario, el gobierno tiene que hacer enormes esfuerzos para tratar de explicar porque algunos sectores de la economía crecen pero no generan ni un solo empleo. Para este año el gobierno prometió la venta de las 33 empresas que le quedan.
El TLC dispone claramente la entrega al capital privado trasnacional de los recursos naturales del país: el agua, los páramos, los bosques y los minerales. Para ello se están apresurando en aprobar todas las leyes que reglamentan esta entrega: la Ley Forestal, la Ley de Páramos, el nuevo código minero. Estas leyes lo que definen -en ultimas- son las condiciones en las cuales el estado colombiano se desprende del control de sus recursos naturales, para ser explotados bajo lógicas capitalistas por inversionistas privados.
El propósito, en últimas, del TLC es ‘echarle llave’ y hacer irreversible toda la política neoliberal que se ha venido implementado desde 1991, que ya he mencionado con anterioridad y que tiene que ver fundamentalmente con los acuerdos firmados por Colombia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Y ¿qué papel juega el Plan Colombia en todos estos propósitos del TLC? La dominación económica y política que sufre Colombia a manos de Estados Unidos tiene dos categorías: la dominación por las buenas, es decir, a punta de neoliberalismo. Pero si la primera falla, la dominación debe ser por las malas. Por eso el componente comercial del Plan Colombia II depende de los otros 5 componentes (lucha contra las drogas y el terrorismo, fortalecimiento de la justicia y promoción de los derechos humanos, desarrollo social integral, atención integral a la población desplazada y desmovilización, desarme y reintegración) para poderse cumplir. Muchos de los proyectos agro-exportadores se hacen a punta de control territorial y recorte de los derechos ciudadanos, ¿si no cómo se hace? Para eso es la ley de Desarrollo Rural que, según la misma Procuraduría General de la Nación, tiene como objetivo legitimar el desplazamiento forzoso de comunidades, para desarrollar dichos proyectos.
Es muy importante comprender que no puede haber TLC y Plan Colombia con plenos derechos democráticos. Son intereses antagónicos. Una sociedad verdaderamente democrática no permitiría ninguno de estos proyectos de dominación. Para aplicarlos se requiere recortar las garantías ciudadanas, violar los derechos humanos y desconocer los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso los Estados Unidos precisan tener en su neo-colonia un gobierno antidemocrático, autoritario y neoliberal como el de Uribe. Entonces la pelea sí es contra Uribe y la política que él representa.
La mayor violación a los derechos humanos se dará por cuenta del TLC, pues se profundizarán las condiciones de pobreza, miseria, exclusión social, desigualdad y violencia en el país. Necesitamos que la sociedad colombiana comprenda los alcances de este tratado y se resista a su aplicación. Parte de la tarea ya le hemos venido haciendo; el TLC se iba a aprobar en 8 meses y llevamos 4 años combatiéndolo.