En la ley orgánica se debe decir como se debe hacer el presupuesto, fuera de esta hay una ley de presupuesto que es la que se cambia cada año.
En el presupuesto hay dos cuentas básicas que son entradas y salidas y en los ingresos se tendría el principal rubro que son los impuestos (lo que los particulares pagan al estado y no tienen una destinacion especial)
Cuando se habla de estado se habla en cualquiera de sus niveles, ejemplo impuestos municipales: el impuesto predial, a todos los dueños de inmuebles, impuesto departamental, Ej.: el que se cobra por matar reses de cerdo. Pueden ser directos o indirectos, progresivos o regresivos.
Las contribuciones tampoco son impuestos son pagos que se hacen al estado por una sola vez para financiar una obra, Ej.: la valorarizacion no es un impuesto, es para financiar generalmente una obra pública. Es una contribución
Lo empréstitos van a constituir la deuda nacional, que va hacer publica o privada, dependiendo de que los empréstitos, estén destinados a deuda publica, es decir al estado. Pero las empresas privadas también hacen préstamos para su desarrollo es decir la deuda privada.
En gastos hay que prever una parte muy cuantiosa relacionada con la deuda, que es servicio de la deuda, cuanto es lo que se va a gastar en la deuda, pública puede ser interna o externa. Por que la una se da por préstamos a bancos del exterior, pero el estado colombiano también puede tomar prestamos en el interior del país. Si el estado emite bonos de venta publica.
La moratoria es el aviso a los acreedores de que no se va a pagar la deuda.
Conpes:
Fue creado en 1958. Actualmente es la máxima autoridad nacional de planeación. Funciona como ente asesor del Presidente, en temas de desarrollo económico y social del país.La función del CONPES es coordinar y orientar a las instancias encargadas de la dirección económica y social del gobierno, el estudio y la aprobación de políticas que son presentadas para la discusión.
Las principales discusiones y decisiones del CONPES, giran en torno al estudio y aprobación del plan financiero del sector público, plan operativo de inversiones, desembolsos de crédito externo, contratos de empréstito de la nación, distribución de utilidades de las entidades nacionales, criterios de inversión pública, entre otras.Las diferentes entidades de planeación, se ven condicionadas, obligatoriamente, por las decisiones del CONPES, para llevar a cabo sus diferentes programas y proyectos.
Departamento nacional de planeación
El departamento nacional de planeación (DNP)Es un organismo técnico asesor del Presidente de la República, encargado de la secretaría del CONPES y delegado para realizar, ejecutar y evaluar las políticas, los planes generales, programas y proyectos del sector público.Además, se encarga de proponer, con base en el estado de la economía nacional e internacional, los planes y programas para el desarrollo económico, social y ambiental del país.Está organizado en diferentes secciones que coordinan a otras entidades públicas, tales como: ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales, para el cumplimiento de sus objetivos.El Departamento Nacional de Planeación sigue los proyectos que propone el Plan de Desarrollo vigente. Busca, de esta manera, mantener una coherencia entre las políticas del gobierno en la práctica y los planes y proyectos que este se ha planteado
Plan de desarrollo
Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los Programas de Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y sectoriales del mismo.
Ingresos del estado
Ante la diversidad de medios que el Estado utiliza para allegarse fondos, se han elaborado múltiples clasificaciones explicativas de sus ingresos, una de las podría ser la mas clara y completa de todas es la expuesta por el distinguido jurisconsulto Giulanni Fonrouge, para quien los recursos del Estado deben de dividirse en dos grupos:
1. Ingresos tributarios Son aquellos que derivan de aportaciones económicas efectuadas por los ciudadanos que, por imperativos constitucionales y legales, se ven forzados a sacrificar una parte proporcional de sus ingresos, utilidades o rendimientos, en acatamiento del principio jurídico-fiscal que los obliga a contribuir a sufragar los gastos públicos.
a. Impuestos. los impuestos constituyen el principal ingreso tributario del estado, al grado que puede afirmarse que la gran mayoría de las relaciones entre el fisco y los causantes se vinculan con la determinación, liquidación, posible impugnación y pago de un variado número de impuestos. código fiscal de la federación: “impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma…”
b. Aportaciones de seguridad social. según la fracción ii del art. 2º del código fiscal, “aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo estado”.
c. Derechos. el art. 2º, fracción iv del invocado código fiscal federal, los define como “las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho publico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados. también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado”. dentro de esta categoría se engloban un conjunto de pagos que deben efectuarse tanto el fisco federal como a los fiscos estatales y municipales, para precisamente tener “derecho” a recibir determinados servicios públicos.
d. Contribuciones especiales o de mejoras. según luigi einaudi, “podemos definir la contribución (especial) como la compensación con carácter obligatorio al ente publico con ocasión de una obra realizada por él con fines de utilidad publica, pero que proporciona también ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles”.
e. Tributos o contribuciones accesorias. de una correcta interpretaciones del ultimo párrafo del varias veces mencionado art. 2º de nuestro código tributario, “son accesorios todos aquellos ingresos tributarios no clasificables como impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o contribuciones especiales. Así dentro de este rubro destacan de manera especial las multas impuestas por infracción a leyes fiscales y administrativas y los cargos cobrados por el pago extemporáneo de créditos fiscales.
Impuestos, tasas, contribuciones, empréstitos:
a. Empréstitos. se llama empréstitos a los créditos o financiamientos otorgados a un gobierno por un estado extranjero, por organismos internacionales de crédito (fondo monetario internacional, banco interamericano de desarrollo, eximbank, banco mundial, etc.,), por instituciones privadas de crédito extranjeras o por instituciones nacionales de crédito para la satisfacción de determinadas necesidades presupuestales, que generan para el gobierno receptor la obligación, a un cierto plazo, de restituirlos adicionados con una sobreprima por concepto de intereses y cuyo conjunto, aunado a otras disposiciones crediticias (emisión de bonos moratorias e indemnizaciones diferidas por expropiaciones y nacionalizaciones), forma la deuda publica de un país.b. Emisión de moneda. la moneda es el instrumento cambiario por excelencia en el mundo actual, al grado que las reservas de las que cada país pueda disponer en un momento dado, sirven de pauta exacta para conocer su situación financiera tanto interna como externa. es la función de emitir moneda a través de su banco central, emisión que debe efectuarse en proporción a las reservas de cada país, generalmente integradas por metales preciosos (oro preferentemente), por depósitos de divisas de fuerte cotización en los mercados cambiarios internacionales (generalmente dólares, marcos alemanes o francos suizos) o “derechos especiales de giro” instrumentos financieros internacionales comúnmente aceptados como reservas monetarias substitutivas de oro cuyas existencias mundiales empiezan a resultar insuficientes).
c. Emisión de bonos de deuda publica. son instrumento negociables que el estado coloca entre el gran publico inversionista, recibiendo a cambio un cierto precio y asumiendo como contraprestación obligaciones de rembolsar su importe mas una prima o sobreprecio en un plazo determinado y de garantizar la propia emisión con sus reservas monetarias o con los futuros rendimientos de la explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional están bajo su dominio directo. Se les llama “de deuda publica” en virtud de que tanto el compromiso de rembolsar el monto invertido por los interesados, como el pago de la prima o sobreprecio, se convierten en pasivos a plazo que afectan las disponibilidades del erario estatal.
d. Amortización y conversión de la deuda publica. Por amortización consiste en el cumplimiento oportuno de los vencimientos de la deuda pública correspondientes a capital e intereses estipuladas en los empréstitos y bonos, contratados y emitidos por el estado; la conversión, constituye un pago anticipado de la totalidad o parte de las obligaciones económicas que componen la deuda publica para obtener algunas ventajas de tipo económico.
e. Moratorios y renegociaciones. Las moratorias y renegociaciones constituyen ingresos financieros del estado de la medida en que los nuevos plazos y condiciones den paso a la obtención de rendimientos que absorban la deuda re-documentada y produzcan ganancias adicionales. Las moratorias atienden exclusivamente a las condiciones de pago, consisten en ciertas ampliaciones de los plazos inicialmente convenidos para el pago de las exhibiciones correspondientes a capital e intereses. Las regeneraciones se refieren globalmente a las estipulaciones generales de un préstamo, implican un replanteamiento total de la operación de que se trate, no solamente en lo tocante a capital de intereses sino también en los aspectos relacionados con garantías, programas de inversión, vigilancia de la correcta aplicación de los fondos de suministros, etc...
f. Devaluación. la emisión de moneda esta respaldadas por las reservas de que un país disponga en su banco central. Ahora bien, con dichas reservas, la moneda se cotiza en el mercado cambiario internacional, recibiendo un valor determinado frente a otras monedas, el que se conoce como paridad cambiaria. de tal manera que, hasta en tanto no se modifique la proporción existente entre la moneda en circulación y las reservas que amparen su emisión, la paridad cambiaria internacional se mantendrá. Sin embargo, como hemos venido insistiendo, las económicas nacionales rara vez suelen ser estáticas. podemos afirmar que la devaluación debe entenderse en la actualidad en dos sentidos: el clásico o el tradicional, que es que por desgracia se ha presentado en diversas ocasiones en nuestro medio, y que constituye una fuente sumamente limitada de ingresos financieros para el estado; y el sentido moderno, que le atribuye el carácter de instrumento de ajuste económico para fortalecer la posición privilegiada en el ámbito del comercio internacional de naciones altamente desarrolladas, que en esta forma reactivan la generación de cuantiosos ingresos financieros.
g. Productos y derechos. De a cuerdo con lo que establece el art. 3º del código fiscal de la federación: “son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado”. Por otra parte no debe perderse de vista que entre los derechos (ingreso tributario) el código fiscal incluye los ingresos financieros derivados del uso, aprovechamiento de los bienes del dominio publico de la nación. Se ha discutido un tanto acerca de la naturaleza de los productos como ingresos financieros del estado, por considerarse que en la gran mayoría de los casos las cantidades respectivas provienen de particulares. a esto ha contribuido la innecesaria y la única mención que de ellos hace el código fiscal de la federación y la forma tan indebida en la que los mezcla con los derechos que son o deben ser un ingreso tributario por excelencia.
h. Expropiaciones. el procedimiento expropiatorio constituye un medio indirecto pero efectivo de allegarse ingresos financieros. podemos definir a la expropiación como el acto unilateral llevado acabo por la administración publica, con el objeto de segregar un bien de la esfera jurídico-patrimonial de un particular, para destinarlo, aun sin el consentimiento del afectado, a la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general o causa de utilidad publica, mediante el pago de una indemnización.
i. Decomisos. Consiste en la perdida a favor del estado de los instrumentos utilizados para la comisión de un delito. En este sentido debe diferenciarse de la confiscación, que es la apropiación que a su favor hace el estado, sin ningún titulo jurídico ni derecho de bienes que legítimamente pertenecen a un ciudadano. Andrés Serra rojas sostiene: “el decomiso aparece en nuestra legislación administrativa como una sanción que priva a una persona de bienes muebles, sin indemnización, por la infracción de una ley administrativa, o en los casos indicados con el código penal, en que una autoridad judicial como medida de seguridad se incauta de los instrumentos y efectos del delito”.
j. Nacionalizaciones. podemos definir a la nacionalización o estatización como el acto jurídico unilateral por virtud del cual se establece que, en lo sucesivo, una determinada actividad económica queda reservada en forma exclusiva a la acción del estado, expropiándose, en consecuencia, todos los bienes y recursos propiedad de los particulares, que habían vendido desarrollando dicha actividad, con anterioridad a la intervención estatal.k. Privatización. Se trata de un acto jurídico unilateral por virtud del cual el estado se desprende de empresas o entidades que había tenido bajo su control exclusivo, para transferirlas, a cambio de un precio, a inversionistas privados, nacionales o extranjeros, con el objeto de que en lo sucesivo las actividades de esas empresas o entidades sean desarrolladas dentro de un marco de economía de mercado, sin intervención alguna por parte del propio estado.
martes, 24 de marzo de 2009
A precio de ganga
Hace un par de semanas, la acción del Citigroup cayó por debajo de un dólar en la Bolsa de Nueva York. Nadie, ni en el peor de los sueños, habría imaginado que el coloso de la banca estadounidense pudiera perder en año y medio más del 90 por ciento de su valor. La semana pasada la acción se cotizó en promedio a tres dólares, un precio todavía increíblemente bajo para el que ha sido un ícono de la economía estadounidense.
¡Quién lo creyera! Hace dos años, en el mercado financiero colombiano e internacional se llegó a rumorar que el Citigroup estaba interesado en adquirir a Bancolombia, el mayor banco del país. No sonaba para nada extraño. Según el valor en bolsa, entre los dos bancos mediaba una distancia del cielo a la tierra. En junio de 2007 el Citigroup valía en bolsa 255.000 millones de dólares, más de 70 veces el Bancolombia. Pero las cosas hoy son a otro precio. El desplome del Citigroup ha sido tan grande que su valor se redujo a 14.000 millones de dólares, cuatro veces el Bancolombia, cuya capitalización bursátil (valor en bolsa) asciende a 3.500 millones de dólares.Si hubiera querido, al multimillonario Warren Buffet le hubiera bastado con destinar los millones de dólares que reinvirtió el año pasado en comprar acciones de varias compañías (General Electric, Goldman Sachs y Constelación Energía) para quedarse con el control del Citigroup. La magnitud de la pérdida de riqueza que ha dejado esta crisis no le cabe a nadie en la cabeza. La firma de capital de riesgo Blackstone Group, estima que tan sólo el desplome bursátil se ha cobrado ya 11 billones de dólares (millones de millones) en Estados Unidos. Varias de las más emblemáticas compañías estadounidenses tienen precios irrisorios en la bolsa. Casi la mitad de las acciones en Wall Street se negocian por debajo de cinco dólares.Incluso, algunos valen menos que empresas colombianas. Hace un año, el valor de mercado de General Motors era de 14.000 millones de dólares. Hoy cuesta la increíble suma de 1.750 millones de dólares. Está por debajo de compañías colombianas como Argos (3.100 millones de dólares) o el Grupo Nacional de Chocolates (2.600 millones de dólares).La destrucción de riqueza se refleja en muchos otros de los símbolos estadounidenses. El gigante financiero y de seguros AIG, sumergido en el peor escándalo de su historia, ha sido castigado por el mercado de manera inclemente. Su acción se llegó a cotizar la semana pasada a menos de un dólar (0,96 centavos) en la Bolsa de Nueva York. Hoy su valor asciende a 4.300 millones de dólares, una vez y media el Grupo Aval en Colombia y poco más que Suraminv, el holding dueño de Suramericana de Seguros. Cabe anotar que, tras el paquete de ayuda, el gobierno de Estados Unidos es dueño del 80 por ciento de AIG.En Europa las cosas no son mejores. Los bancos han perdido un porcentaje importante de su valor de mercado. Hace año y medio, el Royal Bank of Scotland (RBS) valía 120.000 millones de dólares y hoy no pasa de 4.600 millones, un poco más que el Bancolombia y dos veces el Banco de Bogotá. El Hsbc, el coloso europeo, también se desplomó. De 215.000 millones de dólares en junio de 2007 pasó a 97.000 millones ahora. Y ni qué decir del orgullo de la banca suiza, el UBS, que ha perdido un 70 por ciento de su valor en la bolsa: hoy vale 35.000 millones de dólares.Definitivamente, la crisis arrasó con la riqueza y los pronósticos de recuperación son dramáticos. El prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, cree que a Estados Unidos le tomará por lo menos hasta finales de 2011 recuperar el nivel del PIB que tenía en 2007. Y hay que decirlo, si bien las empresas colombianas también han sido golpeadas por el mercado, todavía, por fortuna, ninguna está a precio de ganga.
¡Quién lo creyera! Hace dos años, en el mercado financiero colombiano e internacional se llegó a rumorar que el Citigroup estaba interesado en adquirir a Bancolombia, el mayor banco del país. No sonaba para nada extraño. Según el valor en bolsa, entre los dos bancos mediaba una distancia del cielo a la tierra. En junio de 2007 el Citigroup valía en bolsa 255.000 millones de dólares, más de 70 veces el Bancolombia. Pero las cosas hoy son a otro precio. El desplome del Citigroup ha sido tan grande que su valor se redujo a 14.000 millones de dólares, cuatro veces el Bancolombia, cuya capitalización bursátil (valor en bolsa) asciende a 3.500 millones de dólares.Si hubiera querido, al multimillonario Warren Buffet le hubiera bastado con destinar los millones de dólares que reinvirtió el año pasado en comprar acciones de varias compañías (General Electric, Goldman Sachs y Constelación Energía) para quedarse con el control del Citigroup. La magnitud de la pérdida de riqueza que ha dejado esta crisis no le cabe a nadie en la cabeza. La firma de capital de riesgo Blackstone Group, estima que tan sólo el desplome bursátil se ha cobrado ya 11 billones de dólares (millones de millones) en Estados Unidos. Varias de las más emblemáticas compañías estadounidenses tienen precios irrisorios en la bolsa. Casi la mitad de las acciones en Wall Street se negocian por debajo de cinco dólares.Incluso, algunos valen menos que empresas colombianas. Hace un año, el valor de mercado de General Motors era de 14.000 millones de dólares. Hoy cuesta la increíble suma de 1.750 millones de dólares. Está por debajo de compañías colombianas como Argos (3.100 millones de dólares) o el Grupo Nacional de Chocolates (2.600 millones de dólares).La destrucción de riqueza se refleja en muchos otros de los símbolos estadounidenses. El gigante financiero y de seguros AIG, sumergido en el peor escándalo de su historia, ha sido castigado por el mercado de manera inclemente. Su acción se llegó a cotizar la semana pasada a menos de un dólar (0,96 centavos) en la Bolsa de Nueva York. Hoy su valor asciende a 4.300 millones de dólares, una vez y media el Grupo Aval en Colombia y poco más que Suraminv, el holding dueño de Suramericana de Seguros. Cabe anotar que, tras el paquete de ayuda, el gobierno de Estados Unidos es dueño del 80 por ciento de AIG.En Europa las cosas no son mejores. Los bancos han perdido un porcentaje importante de su valor de mercado. Hace año y medio, el Royal Bank of Scotland (RBS) valía 120.000 millones de dólares y hoy no pasa de 4.600 millones, un poco más que el Bancolombia y dos veces el Banco de Bogotá. El Hsbc, el coloso europeo, también se desplomó. De 215.000 millones de dólares en junio de 2007 pasó a 97.000 millones ahora. Y ni qué decir del orgullo de la banca suiza, el UBS, que ha perdido un 70 por ciento de su valor en la bolsa: hoy vale 35.000 millones de dólares.Definitivamente, la crisis arrasó con la riqueza y los pronósticos de recuperación son dramáticos. El prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, cree que a Estados Unidos le tomará por lo menos hasta finales de 2011 recuperar el nivel del PIB que tenía en 2007. Y hay que decirlo, si bien las empresas colombianas también han sido golpeadas por el mercado, todavía, por fortuna, ninguna está a precio de ganga.
martes, 17 de marzo de 2009
Se mueve construcción del Éxito
Redacción/LA PATRIA
Manizales
La meta de tener listo en Manizales el almacén Éxito hacia el tercer trimestre de este año se mantiene en firme.
Luego de nueve meses de trabajo y de superar todo el proceso de anclajes y de movimientos de tierra, ya se comenzaron a ver los primeros pisos de la firma antioqueña.
Según lo ratificó el ingeniero coordinador de obra, Gustavo White, se avanza de acuerdo con el cronograma de obra, por lo que es posible que en septiembre se tenga listo el almacén ancla, cuya área rodea los 7 mil 200 metros cuadrados, en una inversión cercana a los 35 mil millones de pesos.
En lo que respecta al resto de obra, el objetivo es entregar ha cia el primer trimestre del 2010.
“Por ahora construimos en la parte de abajo el armazón de uno de los sótanos (-5), y a pesar del mal clima, vamos cumpliendo”, explicó.
Todo el centro comercial incluye un área total de unos 60 mil metros cuadrados construidos y 10 niveles, seis hacia abajo o subterráneos y cuatro de alto. Para ello se invertirán cerca de 70 mil millones de pesos y contará con unos 225 locales comerciales y 620 parqueaderos.
En Bavaria
En lo que tiene que ver con Bavaria, los socios resaltaron que se estudia la posibilidad de hacer un desarrollo comercial diferente a la marca Éxito, por lo se especula que sea una de las firmas de su principal socio Casino, que hoy tiene cerca del 60% de Éxito.
Aunque aún no hay movimiento de obras en este sector, según la licencia el objetivo es construir un centro comercial que constaría de 3 niveles de parqueaderos, dos de oficinas y tres de comercio, de conformidad con el proyecto presentado. Con ello el área total construida sería de 45 mil 812 metros cuadrados.
El plazo para iniciar obras es hasta el 13 de diciembre de 2009. Sin embargo, en caso de que Éxito decida modificar las áreas y las características tendría que solicitar otra licencia para tal fin y presentar los nuevos diseños.
La cifra
700, el número de empleos directos que espera generar la cadena comercial Éxito.
El dato
350 mil bultos de cemento se utilizarán en la construcción del centro comercial Los Fundadores y se requerirán unas 350 toneladas de acero.
Manizales
La meta de tener listo en Manizales el almacén Éxito hacia el tercer trimestre de este año se mantiene en firme.
Luego de nueve meses de trabajo y de superar todo el proceso de anclajes y de movimientos de tierra, ya se comenzaron a ver los primeros pisos de la firma antioqueña.
Según lo ratificó el ingeniero coordinador de obra, Gustavo White, se avanza de acuerdo con el cronograma de obra, por lo que es posible que en septiembre se tenga listo el almacén ancla, cuya área rodea los 7 mil 200 metros cuadrados, en una inversión cercana a los 35 mil millones de pesos.
En lo que respecta al resto de obra, el objetivo es entregar ha cia el primer trimestre del 2010.
“Por ahora construimos en la parte de abajo el armazón de uno de los sótanos (-5), y a pesar del mal clima, vamos cumpliendo”, explicó.
Todo el centro comercial incluye un área total de unos 60 mil metros cuadrados construidos y 10 niveles, seis hacia abajo o subterráneos y cuatro de alto. Para ello se invertirán cerca de 70 mil millones de pesos y contará con unos 225 locales comerciales y 620 parqueaderos.
En Bavaria
En lo que tiene que ver con Bavaria, los socios resaltaron que se estudia la posibilidad de hacer un desarrollo comercial diferente a la marca Éxito, por lo se especula que sea una de las firmas de su principal socio Casino, que hoy tiene cerca del 60% de Éxito.
Aunque aún no hay movimiento de obras en este sector, según la licencia el objetivo es construir un centro comercial que constaría de 3 niveles de parqueaderos, dos de oficinas y tres de comercio, de conformidad con el proyecto presentado. Con ello el área total construida sería de 45 mil 812 metros cuadrados.
El plazo para iniciar obras es hasta el 13 de diciembre de 2009. Sin embargo, en caso de que Éxito decida modificar las áreas y las características tendría que solicitar otra licencia para tal fin y presentar los nuevos diseños.
La cifra
700, el número de empleos directos que espera generar la cadena comercial Éxito.
El dato
350 mil bultos de cemento se utilizarán en la construcción del centro comercial Los Fundadores y se requerirán unas 350 toneladas de acero.
martes, 10 de marzo de 2009
Lo que está en juego no es apenas la inflación sino un modelo de sociedad y una estrategia de crecimiento económico:
La discusión sobre el salario mínimo es una ocasión para volver a plantearse algunas preguntas básicas sobre el ordenamiento social. Esta discusión no debe reducirse al enfrentamiento anual entre los trabajadores, que buscan maximizarlo, y los empresarios, que buscan minimizarlo. Es necesario recordar las preguntas y las respuestas básicas que debería tener este diálogo -que no confrontación- entre trabajadores, empresarios y gobierno: ¿Por qué esta regla institucional pública se llama “salario mínimo”?; “Mínimo”: ¿por qué?; Mínimo”: ¿para qué?
La discusión sobre el criterio utilizado para el ajuste anual pierde su sentido cuando se reduce a mirar el índice de aumento de los precios de la canasta familiar. En un juicioso trabajo publicado en 2007, Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada comparan la legislación y los criterios de ajuste del salario mínimo para 38 países, dentro de los cuales naturalmente está Colombia. Haití es el único país que toma como criterio “el costo de vida y tasa de inflación” solamente - como se hizo esta vez en Colombia-. Para la mayor parte de los demás países analizados, incluyendo a Colombia, el marco normativo exige “garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia” .
Es decir que la respuesta sobre el para qué del salario mínimo tiene que ver con la finalidad de la organización económica de la sociedad colombiana. La producción nacional es un medio necesario para su crecimiento económico, pero de ninguna manera es su finalidad última. La pregunta sobre quién se beneficia del aumento del producto o del ingreso nacional no sólo es necesaria para cualquier economía, sino que es vital para una sociedad que, como la colombiana, padece de una gran inequidad y donde la participación política de los más pobres tiene reconocidas deficiencias.
La socorrida afirmación de que el salario mínimo colombiano supera al de países de similar desarrollo debe ser cuidadosamente calificada ante la revaluación del peso colombiano, que sin duda disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, pero no aumenta en la misma proporción la capacidad de compra de los asalariados formales e informales, como ocurrió a lo largo del 2008 - debido al gran aumento en el precio de los alimentos.
Es hora de que los compromisos nacionales e internacionales por erradicar el hambre y la pobreza extrema se concreten en medidas como la de precisar los mínimos para poder lograr esa “vida digna” que nuestra sociedad ha pactado en la Constitución Política.
Tratar de presentar la búsqueda de los mínimos vitales como un utópico deseo social es algo propio tan sólo de personas mal informadas o de aquellas que creen que aún transitamos por el mercantilismo del siglo XVII, donde un pago deficiente de la mercancía trabajo podría reportar una mayor utilidad para los empresarios.
Es al contrario: la esclavitud y el feudalismo- donde los salarios fueron más bajos- crearon riquezas en el corto plazo, no sostenibles y con un muy bajo potencial de acumulación. Lo que reiteradamente muestra la experiencia es que las sociedades más igualitarias y mejor educadas son las que permiten el desarrollo de empresas más prósperas y sostenibles.
Los países más desarrollados no son los que favorecen la acumulación de riqueza de unas cuantas personas. Son los que logran dar acceso universal para que se cree y utilice el conocimiento en la vida diaria. Es decir que entre los elementos de una vida digna debe estar por supuesto la posibilidad de que el trabajador y su familia se alimenten de manera adecuada, pero también la posibilidad de acceder a la educación, a la salud básica y en general al conjunto de libertades que universalmente hemos pactado en la Declaración de los Derechos Humanos y nacionalmente en la Constitución Política.
Permitir que una buena parte de la población quede por fuera de los mínimos vitales no sólo es una injusticia social sino un grave desperdicio económico. Un “desperdicio”, porque prescindimos del aporte al desarrollo de un conjunto de personas, que además en el futuro significarán cargas para el erario público porque serán mal nutridos, menos educados y menos productivos. Y es una injusticia porque significa quitar la posibilidad de desarrollo como personas y ciudadanos a una parte de la población por haber nacido en la zona rural o porque sus padres tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollar sus posibilidades.
De manera que es miope juzgar el salario mínimo sólo como un costo de producción que debe minimizarse. Y esta supuesta “minimización” tampoco se ha basado en un análisis riguroso sobre el funcionamiento de nuestra economía. En efecto, si le creemos a lo que afirman Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada en la conclusión del estudio citado y al trabajo de Arango y Posada del 2006, las decisiones sobre salario mínimo no se han apoyado suficientemente en estudios sobre los factores que la técnica económica requeriría para una buena fundamentación de las decisiones, ni “se encontró evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el salario real del sector privado y el salario mínimo.
A estas críticas sobre la forma como se discute y fundamenta el salario mínimo se agregan - más aún en el estado actual de la economía- los análisis del Banco de la República que encuentran la caída en la demanda interna como el factor que más aportó a la disminución del crecimiento económico, lo cual hace evidente la inconveniencia de disminuir la capacidad de compra de los consumidores.
Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la evidencia muestra que los bajos ingresos que puede conseguir el jefe de hogar llevan a un aumento de la oferta de los llamados “trabajadores secundarios” es decir, de los jóvenes que antes estudiaban, las amas de casa y los ancianos, con lo cual se agrava la situación de desempleo.
De estas breves consideraciones quedan claros varios elementos críticos para juzgar la forma como se ha determinado el salario mínimo:
1. De acuerdo con la institucionalidad colombiana, el salario mínimo debe tener como referencia la posibilidad de alcanzar los mínimos de una vida digna y no la de minimizar los costos de producción;
2. La experiencia de los países más avanzados demuestra que aumentar el salario mínimo ayuda a mejorar la competitividad, la equidad y las oportunidades de los más pobres - o sea que es un “buen negocio” para el país.
3. Disminuir la capacidad de compra de los consumidores de menores ingresos, cuya canasta es predominantemente de artículos nacionales, es un ahorro que empobrece y se hace en el momento menos oportuno de la coyuntura económica, que nacional e internacionalmente busca instrumentos para reavivar la demanda por parte de los consumidores.
Colombia debe recordar que su mejor riqueza es la gente y que la equidad social es un negocio que reporta buenos dividendos económicos.
La discusión sobre el criterio utilizado para el ajuste anual pierde su sentido cuando se reduce a mirar el índice de aumento de los precios de la canasta familiar. En un juicioso trabajo publicado en 2007, Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada comparan la legislación y los criterios de ajuste del salario mínimo para 38 países, dentro de los cuales naturalmente está Colombia. Haití es el único país que toma como criterio “el costo de vida y tasa de inflación” solamente - como se hizo esta vez en Colombia-. Para la mayor parte de los demás países analizados, incluyendo a Colombia, el marco normativo exige “garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia” .
Es decir que la respuesta sobre el para qué del salario mínimo tiene que ver con la finalidad de la organización económica de la sociedad colombiana. La producción nacional es un medio necesario para su crecimiento económico, pero de ninguna manera es su finalidad última. La pregunta sobre quién se beneficia del aumento del producto o del ingreso nacional no sólo es necesaria para cualquier economía, sino que es vital para una sociedad que, como la colombiana, padece de una gran inequidad y donde la participación política de los más pobres tiene reconocidas deficiencias.
La socorrida afirmación de que el salario mínimo colombiano supera al de países de similar desarrollo debe ser cuidadosamente calificada ante la revaluación del peso colombiano, que sin duda disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, pero no aumenta en la misma proporción la capacidad de compra de los asalariados formales e informales, como ocurrió a lo largo del 2008 - debido al gran aumento en el precio de los alimentos.
Es hora de que los compromisos nacionales e internacionales por erradicar el hambre y la pobreza extrema se concreten en medidas como la de precisar los mínimos para poder lograr esa “vida digna” que nuestra sociedad ha pactado en la Constitución Política.
Tratar de presentar la búsqueda de los mínimos vitales como un utópico deseo social es algo propio tan sólo de personas mal informadas o de aquellas que creen que aún transitamos por el mercantilismo del siglo XVII, donde un pago deficiente de la mercancía trabajo podría reportar una mayor utilidad para los empresarios.
Es al contrario: la esclavitud y el feudalismo- donde los salarios fueron más bajos- crearon riquezas en el corto plazo, no sostenibles y con un muy bajo potencial de acumulación. Lo que reiteradamente muestra la experiencia es que las sociedades más igualitarias y mejor educadas son las que permiten el desarrollo de empresas más prósperas y sostenibles.
Los países más desarrollados no son los que favorecen la acumulación de riqueza de unas cuantas personas. Son los que logran dar acceso universal para que se cree y utilice el conocimiento en la vida diaria. Es decir que entre los elementos de una vida digna debe estar por supuesto la posibilidad de que el trabajador y su familia se alimenten de manera adecuada, pero también la posibilidad de acceder a la educación, a la salud básica y en general al conjunto de libertades que universalmente hemos pactado en la Declaración de los Derechos Humanos y nacionalmente en la Constitución Política.
Permitir que una buena parte de la población quede por fuera de los mínimos vitales no sólo es una injusticia social sino un grave desperdicio económico. Un “desperdicio”, porque prescindimos del aporte al desarrollo de un conjunto de personas, que además en el futuro significarán cargas para el erario público porque serán mal nutridos, menos educados y menos productivos. Y es una injusticia porque significa quitar la posibilidad de desarrollo como personas y ciudadanos a una parte de la población por haber nacido en la zona rural o porque sus padres tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollar sus posibilidades.
De manera que es miope juzgar el salario mínimo sólo como un costo de producción que debe minimizarse. Y esta supuesta “minimización” tampoco se ha basado en un análisis riguroso sobre el funcionamiento de nuestra economía. En efecto, si le creemos a lo que afirman Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada en la conclusión del estudio citado y al trabajo de Arango y Posada del 2006, las decisiones sobre salario mínimo no se han apoyado suficientemente en estudios sobre los factores que la técnica económica requeriría para una buena fundamentación de las decisiones, ni “se encontró evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el salario real del sector privado y el salario mínimo.
A estas críticas sobre la forma como se discute y fundamenta el salario mínimo se agregan - más aún en el estado actual de la economía- los análisis del Banco de la República que encuentran la caída en la demanda interna como el factor que más aportó a la disminución del crecimiento económico, lo cual hace evidente la inconveniencia de disminuir la capacidad de compra de los consumidores.
Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la evidencia muestra que los bajos ingresos que puede conseguir el jefe de hogar llevan a un aumento de la oferta de los llamados “trabajadores secundarios” es decir, de los jóvenes que antes estudiaban, las amas de casa y los ancianos, con lo cual se agrava la situación de desempleo.
De estas breves consideraciones quedan claros varios elementos críticos para juzgar la forma como se ha determinado el salario mínimo:
1. De acuerdo con la institucionalidad colombiana, el salario mínimo debe tener como referencia la posibilidad de alcanzar los mínimos de una vida digna y no la de minimizar los costos de producción;
2. La experiencia de los países más avanzados demuestra que aumentar el salario mínimo ayuda a mejorar la competitividad, la equidad y las oportunidades de los más pobres - o sea que es un “buen negocio” para el país.
3. Disminuir la capacidad de compra de los consumidores de menores ingresos, cuya canasta es predominantemente de artículos nacionales, es un ahorro que empobrece y se hace en el momento menos oportuno de la coyuntura económica, que nacional e internacionalmente busca instrumentos para reavivar la demanda por parte de los consumidores.
Colombia debe recordar que su mejor riqueza es la gente y que la equidad social es un negocio que reporta buenos dividendos económicos.
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